miércoles, 13 de agosto de 2014

Carta Abierta para el Juez David Godbey y el Síndico de Stanford - Cuando el polvo se asiente...

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

**Traducción al español de la versión original en inglés **

Carta Abierta al Juez David Godbey y al Síndico de Stanford

Cuando el polvo se asiente, el Síndico de Stanford y sus profesionales ni siquiera dejaran paja rodante para las víctimas inocentes de Stanford.


El tormento se extiende para las víctimas del fraude de Stanford mientras que los abogados de la administración judicial y sus profesionales continúan recibiendo grandes montos de dinero; son los únicos beneficiados hasta el momento, cobrando millones de dólares en honorarios y gastos. Uno se pregunta ¿por qué los profesionales de la administración judicial reciben compensación de nuestros ahorros robados sin demostrar ninguna recuperación significativa? ¿No es esto una inmoralidad?

Durante estos trágicos cinco años y medio, nosotros, las víctimas de Stanford, hemos visto con tristeza como se desvanece la posibilidad de recibir un alivio económico que pudiera mitigar nuestras pérdidas. Entretanto los abogados y sus camaradas profesionales reciben todo nuestro dinero. El Sr. Janvey ha recuperado aproximadamente $240.9 millones hasta el 31 de diciembre de 2013, y ha gastado $127.5 millones en honorarios y gastos. Estos montos no incluyen la “retención” de honorarios profesionales por un total de $17 millones, y los $50 millones por los costos del cierre de las operaciones de Stanford.

Es obvio que el dinero disponible de nuestros ahorros robados es simplemente el cofre para pagar a los abogados y profesionales que manejan la administración judicial y la liquidación. Ellos se hacen ricos rápidamente, mientras las víctimas no pueden pagar por sus gastos médicos y de manutención; muchos están viviendo en la pobreza.

Por sus implicaciones, el caso Stanford es un ejemplo de cómo los Estados Unidos maneja asuntos de ética y moralidad en el ámbito financiero ante un escenario global que ya ha sido testigo de la corrupción política y financiera. Por lo tanto, estamos convencidos que si este monstruoso fraude, el cual operaba con impunidad por más de una década en y desde los Estados Unidos, no es resuelto satisfactoriamente para todas las víctimas, el descredito mundial de los Estados Unidos por fraudes financieros se profundizará, incrementando aun más la desconfianza que actualmente existe en su sector financiero.

Referente a la innegable responsabilidad de las entidades reguladoras, COViSAL pregunta: ¿Por qué las entidades reguladoras de los Estados Unidos confabularon para negar la protección de miles de depositantes inocentes, clientes de Stanford, violando el mandato del Congreso de los Estados Unidos de “proteger al público inversionista”? ¿Por qué las “las banderas rojas” que se presentaron durante las examinaciones de Stanford desde 1997 fueron desestimadas? ¿Por qué las denuncias de clientes y antiguos empleados de Stanford, las cuales año tras año alertaron del crecimiento vertiginoso del fraude piramidal, no fueron investigados?

Además, los logros de la administración judicial en la recolección de activos para el fondo de distribución de las víctimas han sido deficientes. De acuerdo al Examinador John Little, “El Síndico y sus profesionales no han identificado ningún activo significativo o cuentas que no fueron identificadas en los primeros días de la administración judicial”. Por esta razón, las demandas colectivas son la única vía de recuperación para los pequeños y modestos depositantes que no tienen dinero para contratar abogados que los defiendan individualmente.

La firma del Protocolo de Cooperación de Insolvencia Transfronteriza entre el Síndico de los Estados Unidos y los Liquidadores Conjuntos, parece solo beneficiar a los abogados responsables de la Administración y de la Liquidación. Ellos dividieron el pastel y se lo están comiendo también. ¿Por qué los tribunales y las autoridades gubernamentales permiten que el Síndico y los Liquidadores Conjuntos continúen consumiendo el patrimonio de las víctimas de Stanford con un acuerdo que permite el continuo enriquecimiento de los abogados sin mostrar ningún resultado de una recuperación significativa y una compensación razonable para las víctimas del dinero recuperado? En una respuesta a la moción del Síndico solicitando la aprobación de la liberación de una porción de los honorarios retenidos, el Examinador John Little dijo, “Lo que actualmente se ha distribuido a los inversionistas de Stanford, aproximadamente $30 millones, es menos de la mitad de lo que ya se les han pagado a los profesionales del Síndico. Es justo decir que los inversionistas de Stanford no ven a esta administración judicial como un ‘éxito’, mientras el Síndico y sus profesionales han recibido de la administración judicial más que las propias víctimas”.

¿Qué entidad honesta y transparente está supervisando las actividades de la administración judicial? ¿Dónde está el equilibrio de poderes?

La División de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos expresó su compromiso en participar en la supervisión del proceso de reclamos y en el plan de distribución en los Estados Unidos y Antigua. Ellos se comprometieron a tener una voz en la determinación de la racionalidad de los costos de la recuperación de los activos para asegurar que los costos de este proceso fueran sensibles, y para preservar la mayor cantidad de activos para las víctimas, específicamente los $330 millones de nuestros ahorros confiscados en Inglaterra, Suiza y Canadá. Sin embargo, nosotros no podemos entender su silencio e inacción. Los Liquidadores Conjuntos hasta el momento han recibido $100 millones de dólares que estaban congelados en Inglaterra y han gastado más de $60 millones en honorarios y gastos, mientras las víctimas tienen que vérselas negras para tener cualquier esperanza de recibir un centavo de la reciente distribución anunciada por los Liquidadores Conjuntos.

En SEC v. Byers, 590 F. Supp. 2d 637, 645, el tribunal explicó, “En la consideración de aplicaciones para compensación de los administradores judiciales y sus abogados, los tribunales han aplicado por mucho tiempo la regla de la moderación, reconociendo que ‘los administradores y sus abogados involucrados en la administración de patrimonios en los tribunales estadounidenses … deben recibir solo compensación moderada’”. En otras palabras, la meta no es permitir que los administradores se enriquezcan e inclusive cualquier apariencia de dinero caído del cielo se debe evitar. Desafortunadamente, esto no parece ser el sentimiento predominante en la administración judicial en este caso.

No solamente la administración judicial se ha sobre pagado a sí misma y a sus abogados, sino que ahora tienen la audacia de pedir una porción del dinero retenido en el 2009, cuando en ese entonces fue claro que sus honorarios estaban convirtiéndose en excesivos. La SEC y el Examinador determinaron entonces que, “el número de profesionales era excesivo y que los gastos incurridos por ciertos profesionales carecían totalmente de un soporte”. Casos Legales soportan el hecho que los honorarios de una administración judicial deben estar en correlación directa con la disponibilidad de activos. En casos similares,  (Specialty Products Co. v. Universal Industrial Corp., 21 F. Supp. 92, 94) el tribunal comentó, “Yo no pienso que se me requiere arreglar honorarios sin tomar en cuenta el hecho que esta administración judicial generó una siembra mínima, que todas las partes interesadas sufrieron altamente, y que todo el proceso no fue definitivamente un éxito”.  Está claro por las acciones de la administración judicial que ellos no tienen en mente los mejores intereses de las víctimas; simplemente están viendo esta oportunidad para llenarse los bolsillos.

Adicionalmente, la interpretación de los estatutos y la gran cantidad de chaos en su interpretación por jurisprudencias dispares en fraudes de valores similares, han oscurecido la verdad de la ley. Seria letal para las víctimas de Stanford ser victimizadas de nuevo. No más impunidad para las terceras partes que nos han estafado!

Es inaceptable que los Tribunales de los Estados Unidos para el perjuicio de las víctimas de Stanford, sigan permitiendo que la administración judicial, que fue nombrada para prevenir el malgasto y el despilfarro del patrimonio de los acreedores, continúe duplicando costos y esfuerzos entre sus profesionales, obstruyendo las posibilidades de una distribución prorrateada del patrimonio de la víctimas.

El polvo no se ha asentado todavía, y los abogados y profesionales de la administración judicial han recibido una excelente compensación durante los últimos cinco años y medio por el trabajo que han efectuado. Desafortunadamente, ellos no han demostrado verdaderos logros para ser dignos de recibir pagos adicionales de los montos que fueron retenidos. Ellos han recibido más dinero que las víctimas, muchos de ellos se han llenado los bolsillos con millones de dólares, y las víctimas apenas están recibiendo un centavo por dólar. Los Tribunales de los Estados Unidos deben considerar todos los hechos y negar esta solicitud.

Nosotros apreciamos altamente el valor de la justicia y la regla de la ley, y le pedimos al Tribunal su compromiso con estos valores para asegurar que la justicia se impartida a todos los depositantes inocentes que se sienten defraudados de nuevo.

Jaime R. Escalona

On behalf of COViSAL
Director
Coalición Víctimas de Stanford América Latina (COViSAL)
Twitter: @COViSAL

Open Letter to the Judge David Godbey and Stanford’s Receiver - When the dust settles...

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)


Open Letter to the Judge David Godbey and Stanford’s Receiver

When the dust settles, Stanford’s Receivership and its professionals will not even leave behind tumble weeds for the innocent Stanford victims.

The saga drags on for the victims of Stanford’s fraud as litigation continues to generate fees for the receivership’s attorneys and professionals - the only beneficiaries so far, charging millions of dollars in fees and expenses. One wonders why the Receivership professionals receive compensation from our stolen money without showing any meaningful recovery. Is this an ethical outcome?

During these tragic five and half years, we, Stanford’s victims, have watched with sadness while the possibility of receiving an economic relief that could mitigate our losses has all but vanished. Meanwhile, attorneys and their professional comrades are getting all the money. Mr. Janvey has “recovered” approximately $240.9 million as of December 31, 2013, and spent $127.5 million in fees and expenses. These figures do not include the professional fees “held back” - totaling $17 million, plus $50 million for “winding down” costs.   

One gets the impression that the money available from our stolen savings is simply petty cash for the attorneys and professionals managing the receivership and the liquidation. They are getting rich quick, while the victims are unable to pay for their living expenses and medical bills and many are living in poverty.
Because of its implications, the Stanford Case is an example of how the United Stated handles issues of ethics and morality in the financial arena, set on a world stage that has already been witness to so much political and financial corruption. Therefore, we are convinced that if this monstrous fraud, which operated with impunity for more than a decade in and from the United States, is not resolved satisfactorily for all the victims, the worldwide discredit of the United States in regards to securities fraud will deepen, further increasing the distrust that currently exists in its financial sector.

As far as the undeniable responsibility of the regulatory entities, COVISAL asks, "Why did the regulatory entities of the United States connive to deny protection to thousands of innocent depositors, clients of Stanford, violating the mandate from the U.S. Congress to “protect the investment public”? Why were the “red flags” that appeared in Stanford’s examinations conducted since 1997 disallowed? Why were the complaints from clients and former Stanford employees, which year after year warned of the vertiginous growth of a pyramidal fraud, not investigated?

Furthermore, the Receivership’s accomplishments in the recollection of assets for the victims’ distribution fund have been lacking. According to Examiner John Little, “The Receiver and his professionals have not identified any significant Stanford assets or accounts that were not identified in the earliest days of the Receivership.” For this reason, the class actions are the only venue of recovery for the modest small investors who do not have any money to hire attorneys to defend them individually.

The signing of a Cross-Border Insolvency Cooperation Protocol between the U.S. Receiver and the Joint Liquidators, seems only to benefit their attorneys and professionals. They have divided the pie and are eating it too. Why do the Courts and responsible government authorities allow the US Receiver and the Joint Liquidators to continue depleting the Stanford victims’ patrimony with an agreement that allows the continual enrichment of attorneys without showing any significant recovery results and reasonable compensation to the victims of the moneys recovered? In a response to the Receiver’s motion for approval to release of portion of the holdback, Examiner John Little states, “What has actually been distributed to Stanford’s investors – approximately $30 million – is less than half what has already been paid to the Receiver’s professionals. It is fair to say that Stanford’s investors will not view this Receivership as any sort of a ‘success’ as long as the Receiver and his professionals have received more from the Receivership than Stanford’s investors.”
What honest and transparent legal entity is providing oversight of the receivership’s affairs?  Where are the check and balances?

The U.S. Department of Justice, Asset Forfeiture and Money Laundering Section expressed its commitment to participating in the oversight of the claim's process and the Distribution Plan, in the U.S. and Antigua. They have pledged to have a voice in the determination of the reasonableness of total asset recovery charges in order to make sure that the costs of this process are sensible and to preserve the greatest amount of assets for the victims - specifically, the $330 million of our savings, confiscated in the UK, Switzerland and Canada. However, we cannot understand its silence and inaction. The Joint Liquidators have so far received $100 million that were frozen in the UK, and spent over $60 million in fees and expenses, while the victims are required to jump through hoops to have any hope of receiving a penny of a recent announced distribution by the Joint Liquidators.

In SEC v. Byers, 590 F. Supp. 2d 637, 645, the court explained, “In considering applications for compensation by receivers and their attorneys, the courts have long applied a rule of moderation, recognizing that ‘receivers and their attorneys engaged in the administration of estates in the courts of the United States … should be awarded only moderate compensation.’” In other words, the goal is not to make the receivership rich and even an appearance of a windfall should be avoided. Unfortunately, that does not seem to be the prevailing sentiment amongst the Receivership in this case.

Not only has the Receivership grossly overpaid themselves and their attorneys, they now have the audacity to ask for a portion of the holdback created in 2009 when it was already clear their fees were becoming exorbitant. The SEC and Examiner determined even then that, “the professional headcount was excessive, and the expenses incurred by certain professionals were wholly unsupported.” Case law supports the fact that the fees of the receivership should be in direct correlation to the availability of assets. In a similar case, (Specialty Products Co. v. Universal Industrial Corp., 21 F. Supp. 92, 94) the court commented, “I do not think that I am required to fix fees in total disregard of the fact that this receivership produced a very lean harvest, that all interests involved suffered heavily, and that the whole enterprise was definitely not a success.” It is clear from the Receivership’s actions that they do not have the investors’ best interest at heart and are simply viewing this as an opportunity to line their own pockets.

In addition, the statutory interpretation and large amount of interpretative chaos due to disparate jurisprudence in similar securities frauds has obscured the truth of the law. It would be lethal for the Stanford victims to be victimized again. No more impunity for the third parties that have hurt us!

It is unacceptable that the Courts in the United States, to the detriment of the Stanford victims, have allowed the Receivership, who were named to prevent the waste and squandering of the creditors' patrimony, to continue duplicating costs and efforts among their professionals and hindering the possibilities of a pro rata distribution of the victims’ patrimony.

The dust has not yet settled, and the Receivership’s attorneys and professionals have been very well compensated during the last five and a half years for the work they have performed. Unfortunately, they have not shown real accomplishments to deserve additional payments from the fees that were withheld. They have received more money than the victims - many of them pocketing millions of dollars - and the victims barely receiving a penny on the dollar. The Courts in the U.S. should consider all the facts and deny such a request.

We greatly value justice and the rule of law, and ask the Court’s commitment to these values to ensure that justice is imparted to all innocent depositors who feel defrauded yet again.


Jaime R. Escalona
On behalf of COViSAL
Director
Coalición Víctimas de Stanford América Latina (COViSAL)
Twitter: @COViSAL

viernes, 13 de junio de 2014

Letter from COViSAL to JLs, Amicus Curiae & High Court of Antigua - June 11, 2014












Carta de COViSAL a LCs, Amicus Curiae y Tribunal de Antigua - 11 de junio, 2014

  COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

Traducción de inglés a español por COViSAL
11 de junio de 2014

Marcus Wide & Hugh Dickson
Joint Liquidators of Stanford International Bank (in Liquidation)

The Eastern Caribbean Supreme Court in the High Court of Justice
Antigua & Barbuda
Attn. Deputy Registrar: Ms. Tracey Ann Samuel

Mr. Lenworth Johnson, abogado Amicus Curiae; Email: mail@johnsongardiner.com

Re. Claim No. ANUHCV 2009/0149 - In the Matter of Stanford International Bank Limited (in Liquidation), the International Business Corporation Act, Cap 222 of the Laws of Antigua and Barbuda, and an Application seeking the Court’s Directions, Marcus Wide and Hugh Dickson as Joint Liquidators of Stanford International Bank Limited (in Liquidation).

COViSAL está formado por un grupo de más de 1.500 familias internacionales, incluyendo la mía, víctimas del fraude piramidal perpetrado por R. Allen Stanford, agrupado para defender nuestros derechos en la Coalición Víctimas de Stanford América Latina (“COVISAL”).

El 16 de febrero, 2014, los Liquidadores Conjuntos del Stanford International Bank Limited (“SIBL”), Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton, enviaron una carta a las víctimas con alegatos de haber recibido pagos “preferenciales”. Dicho alegato está basado en la interpretación por los Liquidadores Conjuntos de la International Business Corporation Act (“IBCA”) de Antigua. Nosotros creemos que las intenciones de los Liquidadores Conjuntos para recuperar los supuestos pagos “preferenciales” están erradas bajo la Sección 204 de la IBCA y no están soportadas por la ley.  Esta Acta de IBCA aplica a la corporación, sus empresas afiliadas, directores, ejecutivos y accionistas; no a los depositantes.

Los depositantes del SIBL estaban sujetos a un acuerdo con el banco – Aplicación de Apertura de Cuenta de CDs, Términos y Condiciones Generales y Términos de Depósito.

Los depositantes de CDs del SIBL llenaron y firmaron una Aplicación de Apertura de Cuenta de CDs sujeta a los Términos y Condiciones Generales del Banco y a los Términos de Depósito. Este último le permitía a los depositantes retirar dinero de sus cuentas de CDs hasta 4 veces al año. (Ver copias anexas de los documentos del banco). Depositantes quiénes hicieron retiros de acuerdo a los Términos de Depósito simplemente estaban cumpliendo con los lineamientos establecidos por el SIBL y de ninguna manera estaban recibiendo ningún trato preferencial.

Los hechos acerca de los supuestos pagos “Preferenciales”

La mayoría de los depositantes de Stanford son familias inocentes, gente común y no inversionistas sofisticados quienes tenían todos sus ahorros depositados en el SIBL. Ellos efectuaron sus transacciones con el SIBL durante sus operaciones comerciales regulares completamente inconscientes de cualquier problema que el banco estuviera teniendo hasta que la SEC intervino las operaciones globales del Stanford Financial Group el 17 de febrero de 2009.

Referente a los retiros hechos por la mayoría de los depositantes durante los seis meses previos al cierre de las operaciones del SIBL, estos no fueron pagos “preferenciales” cómo lo alegan los Liquidadores Conjuntos, sino fueron retiros legítimos de parte de su principal invertido por los dueños con derecho de su propia propiedad depositada en y retirada del banco durante su curso ordinario de actividades comerciales. Estos retiros fueron hechos con derecho y de buena fe, y de ninguna manera con previo conocimiento “preferencial” del inminente fracaso del banco.  Familias retiraron parte de sus ahorros invertidos para pagar por sus gastos de manutención, tratamientos médicos, ayudar a familiares con necesidades, para iniciales, gastos de sus negocios, etc. La mayoría de estas familias perdieron su sustento en el fraude de Stanford y continúan siendo “Perdedores Netos”, porque la mayor parte de sus ahorros quedaron en el banco.

Muchas familias se vieron forzadas a vender sus hogares y cualquier otro activo que les quedó para poder sobrevivir en los últimos cinco años. Estas familias trabajaron duro por 30-40 años para ahorrar dinero para su retiro, para un fondo educacional para sus hijos o nietos, y para tener ahorros disponibles para emergencias médicas, entre otras cosas. Desde el cierre del SIBL en el 2009, víctimas del fraude viven con grandes aprietos; muchos han muerto porque no pudieron sobreponerse a la pérdida de todos sus ahorros o porque no pudieron pagar por cirugías que pudieron haber salvado sus vidas. Ellos son “Perdedores Netos” y el fiasco de Stanford destruyó sus vidas. Ahora, para sumar insulto al daño causado, los Liquidadores Conjuntos están persiguiendo a familias con falsos alegatos de haber recibido pagos “preferenciales” de su propio dinero.

La corrida del banco ocurrió en el 2009.

Referente a los alegatos que estos inversionistas tuvieron conocimiento previo del colapso de las empresas de Stanford en los seis meses previos, ¿cómo es posible que inversionistas ordinarios a medio mundo de distancia, obtuvieran este conocimiento antes que las personas con información privilegiada y quienes estaban al tope de la cúspide? El siguiente párrafo fue obtenido de un documento del tribunal titulado: Class Action Complaint Wilkinson, Reed v. BDO USA, LLP and BDO International Ltd., p23:

“El 4 de febrero, 2009, en adelanto a una declaración ante la SEC, funcionarios del Stanford Financial Group se reunieron con sus abogados externos en Miami. Dos días después, el 6 de febrero, 2009, el viejo amigo de Allen Stanford, Frans Vingerhoedt le envió un email, copiando a David Nanes, que ilumina el desmoronamiento del imperio del Stanford Financial Group:

 [L]as cosas están comenzando a desenredarse rápidamente en nuestro lado del Caribe y de América Latina…[n]osotros necesitamos elaborar una estrategia para darle preferencia a ciertas transferencias de gente con influencia en ciertos países, si no, nosotros veremos una corrida del banco la próxima semana…[t]odos nosotros sabemos lo que significa. Hay verdaderas balas haya afuera con mi nombre [sic], el nombre de David y el de muchos otros y estas son muy reales…[T]odos nosotros estamos juntos en esto.”

Uno puede deducir del email de Frans Vingerhoedt, Presidente del Stanford Caribbean Investment, LLC, con fecha 6 de febrero, 2009, que la corrida del banco pudo haberse iniciado la semana del 9 de febrero, 2009, como la fecha más temprana. ¿Cómo las víctimas inocentes acusadas erróneamente en su carta pudieron haber descubierto y haber explotado esta información antes que el mismo Stanford? De hecho, los asesores financieros fueron entrenados muy bien para evitar que los depositantes redimieran sus CDs, y los convencían para que los renovaran. Ellos usaron todo tipo de artimañas y tácticas de intimidación para evitar que los depositantes canjearan sus CDs. Ellos fueron muy exitosos y muy bien compensados.

La carga de la prueba debe recaer sobre los Liquidadores Conjuntos y no sobre las víctimas inocentes.

El reclamo de pago “preferencial” se basa completamente en la suposición que estos depositantes de alguna manera tenían conocimiento previo al inminente cierre del SIBL. La realidad obvia, es el hecho que la carga de la prueba recae sobre los liquidadores. ¿Dónde está la evidencia que prueba que estos depositantes recibieron información que los pondría en una mejor posición en el caso de un fracaso del banco? ¿Dónde está la documentación que implica a depositantes específicos de este supuesto “tratamiento preferencial”?

En cambio de hacer su trabajo requerido para determinar quiénes actualmente recibieron pagos “preferenciales”, los liquidadores decidieron enviar una notificación global que en esencia acusa a todos, fuera de la jurisdicción legal de los Estados Unidos, de ser cómplices de esta atrocidad, sin importarles la falta de pruebas. Hemos notado que ellos se han enfocado en los inversionistas de América Latina con reclamos escritos en inglés, esperando que inversionistas inocentes capitulen a sus deseos por miedo y confusión. Esta propuesta pone a las víctimas contra la espada y la pared, y no les deja ninguna opción sino cumplir y admitir culpabilidad de haber recibido pagos “preferenciales” con su propio dinero o estar sujetos a no recibir distribuciones futuras.

La matemática que usan los Liquidadores Conjuntos solo los favorece a ellos, hasta hace poco con más de $40 millones en honorarios y gastos y creciendo; las víctimas 1 centavo que aún no han recibido.

El 28 de mayo, 2014, Marcus Wide le envió un email a COViSAL en respuesta a sus Carta Abierta reciente.  El dice: “Los llamados recibidores de pagos preferenciales son perdedores netos. Ellos perdieron todos sus ahorros y cualquier suma que ellos retiraron. Sin embargo, al tomar una decisión para perseguir estos reclamos nosotros estábamos muy conscientes que la matemática demuestra  que el impacto en el 80%+ de las victimas que no se beneficiaron de previas ganancias o preferencias, es un incremento en sus distribuciones de aproximadamente el 24% del total de su reclamo”.

Si Marcus Wide está tan preocupado por el bienestar de la mayoría de los inversionistas, entonces a lo mejor, él debería ver más de cerca sus propios honorarios y gastos los cuales son exponencialmente más altos que cualquier cantidad de dinero que el espera recuperar de los recobros ilegales. Esto nos trae a nuestro punto principal; no importa cuáles fueron sus intenciones, los liquidadores están persiguiendo un reclamo que es ilegal. Atacar a inversionistas inocentes, tratando ilegalmente de recobrar dinero que con derecho le pertenece a ellos en un esfuerzo equivocado para compensar a la mayoría, y además, tener la audacia de inferir que dichos inversionistas están interponiéndose a distribuciones para todos, es una antítesis de la justicia. La precedencia en casos como este claramente demuestra que estas víctimas de Stanford no son codemandados, de hecho ellos tienen un reclamo legítimo del dinero que retiraron.

Dicho esto, una preocupación más inmediata es ¿cómo estas familias se les espera que regresen al patrimonio dinero que ellos no tienen?

Todas las víctimas de Stanford que son perdedores netos, incluyendo quienes retiraron parte de su dinero, su propiedad de buena fe y en total desconocimiento del predicamento del banco, tienen derecho a recibir distribuciones del Patrimonio. Los ganadores netos y quienes tenían información privilegiada son los afortunados que retiraron todo su dinero más intereses. ¿Dónde están los recobros dirigidos a los ganadores netos que de verdad recibieron pagos preferenciales? ¿Por qué los liquidadores están tratando de victimizar continuamente a familias que han estado esperando por años algún recurso financiero para mitigar sus necesidades financieras? Sin ninguna duda, los honorarios exorbitantes que están recibiendo implican que ellos tienen la capacidad suficiente para traer a la justicia a quiénes actualmente perpetraron este crimen, y no perpetuar las pérdidas y mala conducta al perseguir reclamos ilegales.

El asunto en cuestión no es algo de matemática, es una catástrofe social que continua destruyendo a miles de familias desesperadas. La matemática solamente está funcionando a favor de los Liquidadores Conjuntos y sus camaradas quienes han recibido pagos por más de $40 millones de dólares en honorarios y gastos de los ahorros robados de las víctimas, mientras que las víctimas tienes que vérselas negras y vivir en incertidumbre, aún sin recibir un centavo de sus ahorros robados. El asunto es acerca de la justicia y el estado de derecho, aplicados con imparcialidad, honestidad y responsabilidad.

Precedentes Judiciales - Jurisprudencia

En los Estados Unidos:

El Síndico de los Estados Unidos intentó perseguir un camino similar pero fue detenido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito de los Estados Unidos el 13 de noviembre del 2009 -  El Quinto Distrito, en Janvey v. Adams (No. 09-10761 Nov. 13, 2009). La SEC comentó que no había ninguna razón de políticas para permitir a un síndico recuperar principal invertido de los inversionistas completamente inocentes. “Forzar a inversionistas inocentes regresar fondos que ellos contribuyeron a una entidad difunta no hace nada más que crear nuevas víctimas del fraude porque deprava a esos inversionistas de sus contribuciones actuales que sacaron de sus bolsillos”. Esto está en el corazón de nuestra objeción a los alegatos de los supuestos pagos “preferenciales”. Después de intentar desplumar a los inversionistas estadounidenses con este reclamo fraudulento de recobros, ellos están persiguiendo a los inversionistas internacionales quienes no tienen una SEC que los proteja.

El Quinto Circuito, en Janvey v. Adams (No. 09-10761 Nov.13, 2009), recientemente sostuvo que el síndico de los intereses de Stanford, nombrado para conservar, mantener, administrar y preservar el valor del patrimonio en administración judicial, no tenía autoridad para recuperar pagos de intereses de inversionistas que recibieron pagos previos a la implantación administración judicial. El síndico quería recuperar los pagos como activos del patrimonio y distribuirlos pro rata a todas las víctimas del fraude. Sin embargo, la SEC, argumentó que no sería equitativo permitir al síndico presentar reclamos de “recobros” en contra de víctimas inocentes. El Tribunal concordó con la SEC.

El 13 de noviembre, 2009, el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito dictaminó en el caso del fraude de valores de Stanford que el Síndico de los Estados Unidos, Ralph Janvey, carecía de autoridad para los “recobros” de los montos de principal e intereses distribuidos a los inversionistas/acreedores porque ellos tenían intereses legítimos como propietarios de los montos mantenidos en sus cuentas. Seguidamente pueden leer un extracto de la decisión:

“Nosotros concluimos que el Síndico ha cumplido con el primer requisito –que los pagos que los Inversionistas Demandados recibieron se generaron de fondos que habían sido obtenidos de medios ilícitos por los intereses de Stanford. Sin embargo, el Síndico ha fracasado en establecer que los Inversionistas Demandados carecían de un reclamo legítimo sobre las ganancias de los CDs que ellos recibieron del Stanford Bank. Por lo tanto, ellos no son codemandados apropiados”.

El Quinto Circuito estableció que el caso giró sobre la naturaleza de un codemandado. Un codemandado es un “demandado nominal [quien] no tiene interés de propietario en la propiedad que está sujeta a litigio pero que pudiera ser incorporado en la demanda para ayudar a la recuperación o alivio”. Si el codemandado : (1) ha recibido dineros mal habidos, y (2) no tiene un reclamo legítimo de los fondos”, ese codemandado pudiera estar sujeto a la devolución equitativa de los fondos mal habidos. El Tribunal de Apelaciones estableció que los fondos fueron mal habidos, pero dictaminó que la relación de deudor-acreedor establecida por los acuerdos de los CDs entre los clientes y el Stanford Bank “constituyen un interés de propietario suficiente y legitimo para excluir el trato de los [inversionistas] como codemandados”.  El Tribunal también manifestó que los presuntos codemandados en este caso están “años de luz ” de los demandados tradicionales nominales como los fideicomisarios, agentes o depositarios. Por lo tanto, el Quinto Circuito sostuvo que los reclamos del síndico debieron de haber sido negados con respecto a ambos, el principal y los intereses.

“De acuerdo a la Uniform Fraudulent Transfer Act (y el equivalente en Texas), cuando una propiedad es transferida a una parte completamente inocente, quien toma la propiedad de buena fe y por un valor equivalente razonable, esa propiedad no puede ser subsecuentemente recuperada de la parte inocente. Aún más, tribunales uniformemente han sostenido que un síndico –similarmente a la posición del síndico acá mencionado – no puede recobrar sumas iguales al principal invertido por el inversionista que fueron transferidos de un esquema Ponzi antes de la implantación de la administración judicial”.

El tribunal en Donnell concluyó:

“Dinero transferido  por el perpetrador del esquema Ponzi al inversionista son consolidados con los montos iniciales invertidos por el individuo… Si el monto neto es negativo, el inversionista de buena fe, perdedor, no es responsable porque los pagos recibidos por montos menores a su inversión inicial, siendo que aún con los pagos en contra del inversionista de buena fe, perdedor, tiene un reclamo de restitución no satisfecho en contra del perpetrador del esquema Ponzi, y no son evitables bajo UTFA”. 533 F.3d at 771”.

En Inglaterra:

El 16 de abril de 2014, el Judicial Committee of the Private Council in England emitió su sentencia.  JCP 2012/0061, Fairfield Sentry Limited (in Liquidation) (Appellant) v. Afredo Migani and Others (Respondent).

[2014] UKPC 9 Privy Council Appeal No. 0061 of 2012, Judgment. p2, 8  La documentación contractual. “Suscriptores por acciones de un Fondo completaron un Acuerdo de Suscripción por el cual las acciones suscritas a ser ofrecidas por el Fondo al NAV por acción a la apertura del negocio en la fecha efectiva de la compra “de acuerdo a los temimos allí descritos, el Memorándum, y el Memorándum de Asociación y los Artículos de Asociación del Fondos (colectivamente “los Documentos del Fondo”).

Ver 10.”…Para los propósitos presentes, lo que importa no es el reconocimiento del suscriptor, representación o garantías, ni las declaraciones objetivas del Fondo, pero los términos de la membrecía del suscriptor del Fondo, el cual gobierna la redención de sus acciones”.

Ver 18. “El principio básico no está en disputa. El beneficiario del dinero “no se le puede decir que ha sido injustamente enriquecido, si él tenía derecho a recibir el monto que le fue pagado”:  Kleinwort Benson Ltd v Lincoln City Council [1999] 2 AC 349 at 408B (Lord Hope). O , como el Profesor Burrows ha puesto en su Reafirmación de la Ley Inglesa sobre Enriquecimiento Injusto [English Law of Unjust Enrichment] (2012) at 3(6), “en general, un enriquecimiento no es injusto si el beneficio se le debía a demandado por el reclamante bajo un contrato válido, estatutario u otra obligación legal”.

Conclusión

Es inaceptable que los Tribuales en Antigua han permitido que los Liquidadores Conjuntos, quienes fueron nombrados para prevenir el malgasto y despilfarro del patrimonio de los acreedores, continúan malversando los activos con altos honorarios y gastos, entorpeciendo la posibilidad de una distribución razonable del patrimonio de las victimas debido a sus tácticas agresivas e indiferencia con la familias en sufrimiento.

Los depositantes tenían un Acuerdo con el SIBL, sujetos a la Aplicación de Apertura de Cuenta de CDs, Términos y Condiciones Generales y Términos de Depósito que les permitía retirar dinero de sus cuentas hasta cuatro veces al año. Depositantes tenían intereses de propietarios indisputables en sus pagos de retiros del SIBL, los cuales fueron recibidos antes de la implantación de la liquidación del SIBL. Ellos tienen claramente un interés en sus propias cuentas y un reclamo legitimo.

Tengo confianza que los precedentes judiciales asistirán al Tribunal a aclarar el estado de derecho respecto a la teoría de recobros sin meritos incursionada por los Liquidadores Conjuntos. Sus reclamos en contra de inversionistas inocentes son soportados ni por la lógica o la ley. Nosotros esperamos que el Tribunal Supremo de Antigua y Barbuda considere todos los hechos y la jurisprudencia y les niegue a los Liquidadores Conjuntos su solicitud de recobro en contra de familias inocentes.

Atentamente,

Jaime R. Escalona
Director

Coalición Víctimas de Stanford América Latina (COViSAL)

lunes, 12 de mayo de 2014

Carta Abierta de COViSAL a los Liquidadores Conjuntos y al Tribunal de Antigua Objetando a la carta de pagos “Preferenciales” y “Propuesta”

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

12 de Mayo 2014                         (Traducción al español por COViSAL)


Carta Abierta de COViSAL a los Liquidadores Conjuntos y al Tribunal Supremo Justicia de Antigua y Barbuda, objetando a la carta de pagos “preferenciales” y “Propuesta”

La Propuesta de los Liquidadores Conjuntos a las Víctimas de Stanford: ¿Miseria, intimidación o ambas?

El 17 de febrero 2014, COViSAL denunció las acciones de los Liquidadores Conjuntos de recobrar fondos de las víctimas inocentes al enviarles una carta devastadora pidiéndoles devolver dinero retirado de sus cuentas durante los seis meses anteriores al colapso del Stanford International Bank Limited (“SIBL”). Ellos exigieron una respuesta dentro de 120 días de haber recibido la carta. La respuesta de COViSAL la pueden leer en el siguiente link: http://covisal.blogspot.com/2014/02/stanfords-victims-defrauded-again-by.html

Los Liquidadores Conjuntos del SIBL, Marcus Wide y Hugh Dickson de Grant Thornton, entonces enviaron otra carta con fecha 9 de abril de 2014 a un grupo selecto de víctimas inocentes con una propuesta titulada:  Stanford International Bank Limited in Liquidation – Propuesta Reclamos Preferenciales y Proceso de Distribución.

La carta dice que las víctimas inocentes recibieron pagos “preferenciales” de acuerdo a la interpretación por los Liquidadores Conjuntos del International Business Corporation Act (“IBCA”) de Antigua.  Tenemos razones de creer que dicha intención de recuperar los supuestos pagos “preferenciales” están errados bajo la Sección 204 de la IBCA. Esta Acta parece aplicar a la corporación, sucursales, directores, funcionarios y accionistas, y no a los depositantes. Adicionalmente los Liquidadores Conjuntos están seleccionando acreedores de quienes el supuesto pago “preferencial” fue pequeño en comparación con su reclamo admitido y ofreciéndoles un acuerdo de “dificultad” para que participen en la distribución del 1% que actualmente se lleva a cabo.

El acuerdo de “dificultad” estipula que quienes estén de acuerdo recibirán dos tercios de cada distribución mientras los Liquidadores Conjuntos mantienen un tercio hasta que el monto “preferencial” sea recuperado por completo. Este trato es esencialmente un plan de pago que distribuye los pagos del supuesto monto “preferencial” durante un largo periodo mientras permite a las víctimas recibir una porción de la distribución. Aquellos que acepten este acuerdo estarán renunciando a sus derechos si el Tribunal encuentra que los esfuerzos  de los supuestos pagos “preferenciales” es ilegal, y aun más grave, estarían admitiendo de haber recibido pagos “preferenciales” – una descarada falsedad para la mayoría de las familias inocentes miembros y seguidores de COViSAL.

Es importante recalcar que los retiros hechos por la mayoría de estos depositantes durante los seis meses previos al cierre de las operaciones del SIBL no fueron pagos “preferenciales” como presumen, pero retiros legítimos de parte de su principal invertido por los dueños verdaderos del dinero, el cual ellos depositaron y retiraron del banco durante el curso ordinario de las actividades comerciales del banco. Estos retiros fueron hechos con derecho y de buena fe, y de ninguna manera se hicieron con información “preferida” previa a la caida inminente del banco. Familias retiraron parte de su capital invertido regularmente para pagar por su gastos de manutención y vivienda, tratamientos médicos, para ayudar a familiares en problemas, iniciales, gastos para negocios, etc.

Adicionalmente, los depositantes de CDs llenaron una Aplicación de Cuenta para Depositante sujeta la Términos y Condiciones Generales y Términos de Deposito del banco. Este último permitía que depositantes hicieran retiros de sus cuentas de CDs en cualquier momento. (Ver copias de los documentos del banco).

El reclamo de pago “preferencial” se basa completamente en la suposición que estos depositantes de alguna manera tenían conocimiento previo al inminente cierre del SIBL. La realidad obvia, es el hecho que la carga de la prueba recae sobre los liquidadores. ¿Dónde está la evidencia que prueba que estos depositantes recibieron información que los pondría en una mejor posición en caso del fracaso del banco? ¿Dónde está la documentación que implica a depositantes específicos de este supuesto “tratamiento preferencial”?

En cambio de hacer su trabajo requerido para determinar quiénes actualmente recibieron pagos “preferenciales”, los liquidadores decidieron enviar una notificación global que en esencia acusa a todos fuera de la jurisdicción legal de los Estados Unidos de ser cómplices de esta atrocidad, sin importarles la falta de pruebas. Hemos notado que ellos se han enfocado en los inversionistas de América Latina con reclamos escritos en inglés, esperando que inversionistas inocentes capitulen a sus deseos por miedo y confusión. Esta propuesta pone a las víctimas contra la espada y la pared, y no les deja ninguna opción sino cumplir y admitir culpabilidad de haber recibido pagos “preferenciales” con su propio dinero o estar sujetos a no recibir distribuciones futuras.

Los Liquidadores Conjuntos saben cómo manipular las leyes y el proceso de la liquidación para seguir cobrando horas laborables para Grant Thornton y asegurarse un pago mensual con el remanente de los ahorros de las víctimas hasta que estos desaparezcan. El Síndico de los Estados Unidos intentó tomar el mismo camino pero fue detenido por la Quinta Corte de Apelaciones de los Estados Unidos el 13 de noviembre de 2009. La SEC también comentó que no había buenas razones de políticas en permitir que un síndico recuperara capital invertido de inversionistas totalmente inocentes. “Forzar a los inversionistas inocentes a regresar fondos que ellos contribuyeron a la entidad en quiebra no hace nada más que crear nuevas víctimas del fraude porque priva a esos inversionistas de sus actuales contribuciones”.  Esto es la parte central de nuestra objeción sobre los alegatos de los supuestos pagos “preferenciales”.  Después de fracasar en desplumar a los inversionistas estadounidenses con este reclamo de pagos “preferenciales”,  los liquidadores están persiguiendo a los inversionistas internacionales quienes no tienen una SEC para protegerlos. Ellos están contando con el hecho que estos inversionistas no tienen voz. Nosotros en COViSAL estamos aquí para informarles que ellos están errados – nuestro único propósito es darles una voz a quienes no la tienen, en crear una plataforma donde las víctimas Latinoamericanas puedan recibir las herramientas para defenderse por sí mismos y que no sean embaucados por abogados avaros.

Referente a los alegatos de que estos inversionistas tenían conocimiento del colapso de las entidades de Stanford en los seis meses previos, ¿cómo es posible que inversionistas ordinarios a medio mundo de distancia obtuvieron este conocimiento antes de quienes estaban a cargo en la cúpula de Stanford? Los siguientes párrafos fueron obtenidos de un documento de la Corte estadounidense titulado: Class Action Complaint Wilkinson, Reed v. BDO USA, LLP and BDO International Ltd., Page 23:

“El 4 de febrero, 2009, en adelanto a una declaración ante la SEC, funcionarios del Stanford Financial Group se reunieron son sus abogados externos en Miami. Dos días después, el 6 de febrero, 2009, el viejo amigo de Allen Stanford, Frans Vingerhoedt le envió un email, copiando a David Nanes, que ilumina el desmoronamiento del imperio del Stanford Financial Group:

[L]as cosas están comenzando a desenredarse rápidamente en nuestro lado del Caribe y de América Latina…[n]osotros necesitamos elaborar una estrategia para darle preferencia a ciertas transferencias de gente con influencia en ciertos países, si no, nosotros veremos una corrida del banco la próxima semana…[t]odos nosotros sabemos lo que significa. Hay verdaderas balas haya afuera con mi nombre [sic], el nombre de David y el de muchos otros y estas son muy reales…[T]odos nosotros estamos juntos en esto..”

Uno puede deducir del email de Frans Vingerhoedt, Presidente del Stanford Caribbean Investment, LLC, con fecha 6 de febrero, 2009, que la corrida del banco pudo haberse iniciado la semana del 9 de febrero, 2009, como la fecha más temprana. ¿Cómo las víctimas inocentes acusadas erróneamente en su carta pudieron haber descubierto y haber explotado esta información antes que el mismo Stanford? De hecho, los asesores financieros fueron entrenados muy bien para evitar que los depositantes redimieran sus CDs, y los convencían para que los renovaran. Ellos usaron todo tipo de artimañas y tácticas de intimidación para evitar que los depositantes canjearan sus CDs. Ellos fueron muy exitosos y muy bien compensados.

La insistencia de los Liquidadores Conjuntos en perseguir recobros en contra de inversionistas inocentes son apoyadas ni por la lógica ni la ley. El patrimonio incurrirá grandes gastos con probabilidades mínimas de recuperación –dinero que pudiera ser distribuido a las víctimas necesitadas. Nosotros consideramos que los reclamos en contra de inversionistas inocentes para el retorno de su principal no tienen ningún mérito.

¿Por qué prolongar el sufrimiento de víctimas inocentes que ya están agobiados y no tienen los recursos para defenderse ante la Corte de Antigua?

/s/Jaime R. Escalona
Jaime R. Escalona
On behalf of COViSAL
Director
Coalición Víctimas de Stanford América Latina (COViSAL)
http://covisal.blogspot.com/ ; Twitter: @COVISAL

Anexos (3)


cc. Joint Liquidators of SIBL, High Court of Justice Antigua & Barbuda



Open Letter from COViSAL to JLs & Antigua Court Objecting to Letter of "Preference" Payments & "Proposal

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

May 12, 2014

Open Letter from COViSAL to the Joint Liquidators and the High Court of Justice of Antigua and Barbuda objecting to letter of “Preference” Payments and “Proposal”

The Joint Liquidators Proposal to Stanford’s victims: Pittance, intimidation, or both?

On February 17, 2014, COViSAL denounced the Joint Liquidators’ actions to claw back funds from innocent victims by sending a very damaging letter asking for the return of money withdrawn from their accounts during the six months prior to the collapse of the Stanford International Bank Limited (“SIBL”). They demanded a response within 120 days of receipt of the letter. COViSAL’s response can be read at http://covisal.blogspot.com/2014/02/stanfords-victims-defrauded-again-by.html

The Joint Liquidators of SIBL, Marcus Wide and Hugh Dickson of Grant Thornton, then sent another letter dated April 9, 2014 to a select group of innocent Stanford victims with a proposal titled: Stanford International Bank Limited in Liquidation – Proposal re Preference Claims and Distribution Process.

The letter states that innocent victims received “preference” payments under the Joint Liquidators interpretation of the International Business Corporation Act (“IBCA”) of Antigua.  We have reason to believe that their attempts to recover the alleged “preferential” payments are flawed under Section 204 of the IBCA. This act seems to apply to the corporation itself, its affiliates, directors, officers,  and share holders, and not to depositors. Additionally, the Joint Liquidators are selecting affected creditors whose alleged “preference” payments were small in relation to their admitted claim and offering them a “hardship” arrangement in order to participate in the ongoing 1% distribution process.

The “hardship” arrangement stipulates that those who agree will receive two thirds of each distribution while the Joint Liquidators keep one third until the “preference” amount is recovered in full. This deal is essentially a payment plan that distributes the payments of the alleged “preference” amount over a longer period of time while allowing victims to receive a portion of the distribution. Those who agree to this arrangement will be signing away their rights if a court deems the efforts to recover the alleged “preference” payments unlawful, and more damaging yet, they are admitting to having received the alleged “preference” payments – a blatant falsehood in regards to the majority of innocent family members and followers of COViSAL.

It is important to emphasize that the withdrawals made by the majority of these depositors during the six months prior to the closing of SIBL’s operations were not “preference” payments as alleged, but legitimate withdrawals of part of the principal invested by the rightful owners of the money which they deposited and withdrew at the bank during the ordinary course of business. These withdrawals were made rightfully and in good faith, and were in no way informed by prior “preferred” knowledge of the bank’s imminent demise. Families withdrew part of their invested principal on a regular basis to pay for living expenses, medical treatments, relatives in need, down payments, business expenses, etc.

Furthermore, depositors of CDs filled out and signed a Depositor’s Account Application subject to the Bank’s General Terms and Conditions and Terms of Deposit. The latter permitted depositors to make withdrawals from their CD accounts at any time (See enclose copies of bank’s documents).

The “preference” payment claim in its entirety rests on the assumption that these depositors somehow had prior knowledge of SIBL’s impending downfall. The elephant in the room, so to speak, is the fact that the burden of proof lies with the liquidators. Where is the evidence that would prove that these depositors received information that would put them in a better position in the event of the bank’s failure? Where is the documentation that implicates specific depositors of this alleged “preferential treatment”?

Instead of doing the work required to determine who actually received “preferential” payments, the liquidators have chosen to send out a blanket notice that in essence accuses everyone outside of U.S. legal jurisdiction of being complicit in this atrocity, regardless of the lack of proof. It does not escape our notice that they are targeting Latin American investors with claims written in English, in the hopes that innocent investors will capitulate to their desires out of fear and confusion. This proposal puts victims between a rock and hard place and seems to leave them no choice but to comply and admit guilt of receiving “preferential” payments with their own money or fail to receive any future distributions.

The Joint Liquidators know how to manipulate the laws and processes of the liquidation to keep clocking billable hours for Grant Thornton and a secure paycheck with the spoils of the victims’ savings until they are all gone. The U.S. receiver attempted to pursue a similar avenue but was shot down by the United States Court of Appeals  for the Fifth Circuit on November 13, 2009. The SEC also commented that there were no good policy reasons for allowing a receiver to recover principal investments from wholly innocent investors. “Forcing innocent investors to return funds they contributed to the defunct entity does nothing more than create new victims of the fraud because it deprives those investors of their actual out-of-pocket contributions.” This is at the heart of our objection to the “preferential” payment allegation. After failing to fleece U.S. investors with this fraudulent clawback claim, they have gone after the international investors who do not have an SEC to protect them.  They are counting on the fact that these investors have no voice. We at COViSAL are here to inform them that they are mistaken – our sole purpose is to give voice to the voiceless, to create a platform where the Latin American victims can receive the tools to stand up for themselves and not be bamboozled by greedy lawyers.

As to the allegation that these investors had knowledge of the collapse of Stanford's enterprise in the six months prior, how is it possible that ordinary investors half a world away obtained this knowledge before those at the very top? The following paragraphs were obtained from court document titled: Class Action Complaint Wilkinson, Reed v. BDO USA, LLP and BDO International Ltd., Page 23:

 “On February 4, 2009, in advance of a deposition before the SEC, Stanford Financial Group officials met with outside counsel in Miami. Two days later, on February 6, 2009, Allen Stanford’s old friend Frans Vingerhoedt sent Stanford an email, copying David Nanes, that illuminated Stanford Financial Group’s crumbling empire:

[T]hings are starting to unravel quickly on our side in the Caribbean and Latin America…[w]e need to come up with a strategy to give preference to certain wires to people of influence in certain countries, if not we will see a run on the bank next week …[w]e all know what that means. There are real bullets out there with my name on [sic], David’s name and many others and they are very real…[w]e are all in this together.”
One could deduce from the above email sent by Frans Vingerhoedt, President of Stanford Caribbean Investment, LLC, dated February 6, 2009, that  the bank’s run might have happened the week of February 9, 2009 at the earliest. How could the innocent victims wrongly accused in their letter have discovered and exploited this information before Stanford himself? In fact, the financial advisors were very well trained to keep depositors from redeeming CDs, and encouraged many to renew them. They used all kinds of dramatic and intimidating tactics to keep depositors from redeeming their CDs. They were very successful and very well compensated.

The Joint Liquidators' insistence on pursuing claw backs against innocent investors is supported by neither logic nor law. The Estate stands to expend a substantial amount of resources with little prospect for a meaningful recovery - money that could be used to help victims in need. We consider the claims against innocent investors for the return of their principal without merit.

Why prolong the suffering of innocent victims who are already overwhelmed and do not have the means to defend themselves against the Court of Antigua?

/s/Jaime R. Escalona
Jaime R. Escalona
On behalf of COViSAL
Director
Coalición Víctimas de Stanford América Latina (COViSAL)
http://covisal.blogspot.com/ ; Twitter: @COVISAL

Enclosures (3)


cc. Joint Liquidators of SIBL, High Court of Justice Antigua & Barbuda