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Una Carta Abierta por COVISAL a los Liquidadores Conjuntos del SIBL, al Síndico de USA y al DOJ

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)


Una Carta Abierta por COVISAL a los Liquidadores Conjuntos del Stanford International Bank Ltd., al Síndico de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia y al Comité Oficial de Inversionistas

 
27 de marzo, 2012

Estimados Liquidadores Conjuntos, Síndico de los Estados Unidos y Departamento de Justicia:

La saga continúa para las víctimas del fraude de R. Allen Stanford mientras los litigios continúan generando honorarios para los abogados, los únicos beneficiados hasta el momento, cobrando millones de dólares en honorarios y reembolsos por gastos.

El 9 de marzo de 2012, el Sr. Ralph Janvey registró su 16va. aplicación de honorarios y gastos ante el Tribunal Federal Distrital del Distrito Norte de Dallas. La moción es Securities and Exchange Commission v. Stanford International Bank, Ltd. et al.

El Sr. Janvey solicitó la aprobación del Tribunal para pagar $1,6 millones de dólares en honorarios a sus abogados litigantes, incluyendo a su firma, para el periodo del 1º de octubre de 2011 al 31 de diciembre de 2011. Por solo 3 meses de trabajo, estos bufetes recibirán los siguientes montos: $43.166 para el bufete de Janvey, Krage & Janvey; $902.232 para el bufete Baker Boots, abogados del Síndico y $44.000 para el bufete Thompson & Knight, también abogados del Síndico Janvey.

La moción del Sr. Janvey resume que “Estos honorarios y gastos solicitados por el Síndico son necesariamente substanciales, pero… el Síndico espera continuar reduciendo los costos profesionales donde sea posible hacerlo, en consistencia con sus deberes”.

Kevin Sadler de San Antonio, socio de Baker Boots, quien firmó la moción, escribió en un mensaje que a su bufete le han pagado $18,9 millones por su trabajo sobre el Caso Stanford desde febrero de 2009 hasta septiembre de 2011. Durante el mismo periodo, Krage & Janvey recibió $1,16 millones y Thompson & Knight recibió $3,13 millones. Sadler también escribió que el tribunal esta “reteniendo” el 20% de honorarios como un descuento global, pero el Tribunal puede decidir en una fecha futura  pagarles a estos bufetes ese porcentaje adicional.

Hasta octubre de 2011, el Síndico de los Estados Unidos ha recuperado cerca de $217 millones de dólares y ha cobrado cerca de $102 millones de dólares en honorarios y gastos para sus abogados, contadores y consultores, dejando un residual de $115 millones de dólares para una posible distribución a las víctimas del fraude. Supuestamente, el Síndico del los Estados Unidos tiene disponible $80 millones en dinero en efectivo no restringido para su distribución a las víctimas. Sin embargo, ellos ahora están cobrando $1,6 millones y aún no sabemos cuántos millones más cobrarán en honorarios legales y gastos antes que cualquier dinero sea distribuido a las víctimas. A uno le da la impresión que el dinero en efectivo disponible es simplemente la caja chica para los abogados.

El 10 de febrero de 2012, Marcus Wide, Liquidador Conjunto del Stanford International Bank Limited (“SIBL”) en Antigua presentó el Segundo Informe de los Liquidadores Conjuntos ante el Tribunal del Caribe Oriental – Tribunal Supremo de Justicia de Antigua y Barbuda. Este reporte muestra que desde el 12 de mayo de 2011 al 31 de enero de 2012, los bufetes involucrados con el SIBL – en Liquidación, recibieron los siguientes pagos por honorarios y reembolsos de gastos: $1.630.794,00 para Grant Thornton, Liquidadores Conjuntos del SIBL en Antigua; $516.549,00 para Astigarraga Davis, abogados de los Liquidadores Conjuntos; $1.367.486,00 para Martin Kenney & Co., también abogados de los Liquidadores. Los siguientes bufetes, no identificados en el reporte, recibieron los siguientes pagos: $1.373.671,00 para abogados en Canadá; $534.210,00 para abogados en Inglaterra; $666.331,00 para abogados en los Estados Unidos; $170.371,00 para abogados en Suiza; $172.418,00 para abogados en América Latina y $75.129,00 para abogados en Antigua; $99.454,00 para honorarios de consultores; $324.174,00 para honorarios relacionados a bienes inmuebles en Antigua; $1.186.750,00 para otros gastos operacionales. Nos gustaría que estos bufetes sin nombre sean identificados y ver las facturas detalladas de su trabajo al igual que todas las facturas pormenorizadas de los pagos efectuados.

También hay un pago de $2.822.495,00 hecho de los activos disponibles de costos otorgados por la remoción de los antiguos Liquidadores, pagado a Alex Fundora y su abogado Edward Davis de Astigarraga Davis; ahora el actual abogado de los Liquidadores Conjuntos.

El estado de cuenta de ingresos y egresos del SIBL – en Liquidación, del 12 de mayo, 2011 al 31 de enero, 2012  - presentado al Tribunal del Caribe Oriental – Tribunal Supremo de Justicia de Antigua y Barbuda pudiera ser malinterpretado por personas que desconocen los términos contables. Los Liquidadores Conjuntos recibieron un avance en efectivo de $15 millones de dólares, en calidad de préstamo del patrimonio de las víctimas, congelado en Inglaterra con un interés del 5,4% anual.  Este monto en efectivo esta registrado como un ingreso de $14.740.076,00; los Liquidadores Conjuntos recuperaron $8.110.527 [activos vendidos del SIBL y dinero que recibieron de cuenta de Stanford del HSBC en Panamá] y los Liquidadores hicieron pagos de $10.939.829,00 por honorarios y gastos. La suma de estos montos deja un balance disponible de $11.910.774,00. También es importante destacar que existe un pasivo contingente de $18.000.000,00 reclamado por los antiguos Liquidadores, FRP Advisory, LLC (Vantis), por honorarios y gastos, durante su ejercicio como Liquidadores Conjuntos del SIBL. Los nuevos Liquidadores Conjuntos están disputando este monto ante la corte de Antigua y no sabemos cuál será el monto final acordado para subsanar ese pasivo. Es muy probable que el monto acordado sea más de $12 millones  lo cual consumirá todo el balance neto disponible y por ende la liquidación del SIBL en Antigua estaría operando con un déficit.

Los Liquidadores Conjuntos están gastando más de un (1) millón de dólares mensuales y además tienen un pasivo contingente de $18 millones. ¿Qué entidad legal e independiente está supervisando los asuntos de los Liquidadores Conjuntos? ¿Dónde está la claridad y transparencia del proceso?

COVISAL observa con tristeza como la posibilidad de recibir un alivio económico para mitigar el sufrimiento de miles de inocentes jubilados, desesperados por el retorno de sus ahorros, se esfuma en honorarios millonarios, gastos legales y litigios inútiles entre los Liquidadores Conjuntos, Marcus Wide y Hugh Dickson y el Síndico de los Estados Unidos, Ralph Janvey. Esto es un negocio redondo para los abogados. En cuanto a las víctimas, ellas se sienten defraudadas otra vez.

Respetuosamente les demandamos a los Liquidadores Conjuntos, al Síndico de los Estados Unidos y al Departamento de Justicia que sin más dilación y en armonía firmen un Protocolo de Cooperación de Insolvencia Transfronteriza; que les permita recuperar activos sin duplicar esfuerzos ni gastos; que obligue a ambas partes a compartir los registros y documentos indispensables para lograr con éxito las demandas interpuestas contra terceros; que los comprometa a implementar un solo “Proceso de Certificación de Reclamos” y que los obligue formalmente a elaborar informes conjuntos, para darle al proceso judicial la transparencia que no tiene.

Les rogamos que abandonen la guerra legal territorial por el control de nuestros activos en Europa y Canadá y en cambio se enfoquen en ayudar a las víctimas verdaderas a recuperar su patrimonio robado. Nosotros le exhortamos al Comité Oficial de Inversionistas de Stanford, el cual representa a todos los inversionistas alrededor del mundo, a demandar de las partes mencionadas arriba, una inmediata distribución sin más atrasos.

Por favor, permitan que estos $330 millones de nuestros ahorros confiscados en Inglaterra, Suiza y Canadá, sean distribuidos directamente a las víctimas, titulares de CDs del SIBL, de la manera más directa, económica y eficiente; sin importar su nacionalidad o ubicación y sin apelaciones, retención de dinero para futuros proyectos inmobiliarios, litigios adicionales, más pagos de honorarios de abogados, o pagos a intermediarios, incluyendo al Departamento de Tesorería (IRS) de los Estados Unidos. Estos fondos son el remanente de nuestros ahorros robados. ¡Por favor, devuélvanselos a sus verdaderos dueños!

Gracias.

/s/ Jaime R. Escalona
Jaime R. Escalona
Líder
Coalición Víctimas de Stanford América Latina (COViSAL)
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