miércoles, 13 de agosto de 2014

Carta Abierta para el Juez David Godbey y el Síndico de Stanford - Cuando el polvo se asiente...

COALICION VICTIMAS DE STANFORD AMERICA LATINA (COViSAL)

**Traducción al español de la versión original en inglés **

Carta Abierta al Juez David Godbey y al Síndico de Stanford

Cuando el polvo se asiente, el Síndico de Stanford y sus profesionales ni siquiera dejaran paja rodante para las víctimas inocentes de Stanford.


El tormento se extiende para las víctimas del fraude de Stanford mientras que los abogados de la administración judicial y sus profesionales continúan recibiendo grandes montos de dinero; son los únicos beneficiados hasta el momento, cobrando millones de dólares en honorarios y gastos. Uno se pregunta ¿por qué los profesionales de la administración judicial reciben compensación de nuestros ahorros robados sin demostrar ninguna recuperación significativa? ¿No es esto una inmoralidad?

Durante estos trágicos cinco años y medio, nosotros, las víctimas de Stanford, hemos visto con tristeza como se desvanece la posibilidad de recibir un alivio económico que pudiera mitigar nuestras pérdidas. Entretanto los abogados y sus camaradas profesionales reciben todo nuestro dinero. El Sr. Janvey ha recuperado aproximadamente $240.9 millones hasta el 31 de diciembre de 2013, y ha gastado $127.5 millones en honorarios y gastos. Estos montos no incluyen la “retención” de honorarios profesionales por un total de $17 millones, y los $50 millones por los costos del cierre de las operaciones de Stanford.

Es obvio que el dinero disponible de nuestros ahorros robados es simplemente el cofre para pagar a los abogados y profesionales que manejan la administración judicial y la liquidación. Ellos se hacen ricos rápidamente, mientras las víctimas no pueden pagar por sus gastos médicos y de manutención; muchos están viviendo en la pobreza.

Por sus implicaciones, el caso Stanford es un ejemplo de cómo los Estados Unidos maneja asuntos de ética y moralidad en el ámbito financiero ante un escenario global que ya ha sido testigo de la corrupción política y financiera. Por lo tanto, estamos convencidos que si este monstruoso fraude, el cual operaba con impunidad por más de una década en y desde los Estados Unidos, no es resuelto satisfactoriamente para todas las víctimas, el descredito mundial de los Estados Unidos por fraudes financieros se profundizará, incrementando aun más la desconfianza que actualmente existe en su sector financiero.

Referente a la innegable responsabilidad de las entidades reguladoras, COViSAL pregunta: ¿Por qué las entidades reguladoras de los Estados Unidos confabularon para negar la protección de miles de depositantes inocentes, clientes de Stanford, violando el mandato del Congreso de los Estados Unidos de “proteger al público inversionista”? ¿Por qué las “las banderas rojas” que se presentaron durante las examinaciones de Stanford desde 1997 fueron desestimadas? ¿Por qué las denuncias de clientes y antiguos empleados de Stanford, las cuales año tras año alertaron del crecimiento vertiginoso del fraude piramidal, no fueron investigados?

Además, los logros de la administración judicial en la recolección de activos para el fondo de distribución de las víctimas han sido deficientes. De acuerdo al Examinador John Little, “El Síndico y sus profesionales no han identificado ningún activo significativo o cuentas que no fueron identificadas en los primeros días de la administración judicial”. Por esta razón, las demandas colectivas son la única vía de recuperación para los pequeños y modestos depositantes que no tienen dinero para contratar abogados que los defiendan individualmente.

La firma del Protocolo de Cooperación de Insolvencia Transfronteriza entre el Síndico de los Estados Unidos y los Liquidadores Conjuntos, parece solo beneficiar a los abogados responsables de la Administración y de la Liquidación. Ellos dividieron el pastel y se lo están comiendo también. ¿Por qué los tribunales y las autoridades gubernamentales permiten que el Síndico y los Liquidadores Conjuntos continúen consumiendo el patrimonio de las víctimas de Stanford con un acuerdo que permite el continuo enriquecimiento de los abogados sin mostrar ningún resultado de una recuperación significativa y una compensación razonable para las víctimas del dinero recuperado? En una respuesta a la moción del Síndico solicitando la aprobación de la liberación de una porción de los honorarios retenidos, el Examinador John Little dijo, “Lo que actualmente se ha distribuido a los inversionistas de Stanford, aproximadamente $30 millones, es menos de la mitad de lo que ya se les han pagado a los profesionales del Síndico. Es justo decir que los inversionistas de Stanford no ven a esta administración judicial como un ‘éxito’, mientras el Síndico y sus profesionales han recibido de la administración judicial más que las propias víctimas”.

¿Qué entidad honesta y transparente está supervisando las actividades de la administración judicial? ¿Dónde está el equilibrio de poderes?

La División de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos expresó su compromiso en participar en la supervisión del proceso de reclamos y en el plan de distribución en los Estados Unidos y Antigua. Ellos se comprometieron a tener una voz en la determinación de la racionalidad de los costos de la recuperación de los activos para asegurar que los costos de este proceso fueran sensibles, y para preservar la mayor cantidad de activos para las víctimas, específicamente los $330 millones de nuestros ahorros confiscados en Inglaterra, Suiza y Canadá. Sin embargo, nosotros no podemos entender su silencio e inacción. Los Liquidadores Conjuntos hasta el momento han recibido $100 millones de dólares que estaban congelados en Inglaterra y han gastado más de $60 millones en honorarios y gastos, mientras las víctimas tienen que vérselas negras para tener cualquier esperanza de recibir un centavo de la reciente distribución anunciada por los Liquidadores Conjuntos.

En SEC v. Byers, 590 F. Supp. 2d 637, 645, el tribunal explicó, “En la consideración de aplicaciones para compensación de los administradores judiciales y sus abogados, los tribunales han aplicado por mucho tiempo la regla de la moderación, reconociendo que ‘los administradores y sus abogados involucrados en la administración de patrimonios en los tribunales estadounidenses … deben recibir solo compensación moderada’”. En otras palabras, la meta no es permitir que los administradores se enriquezcan e inclusive cualquier apariencia de dinero caído del cielo se debe evitar. Desafortunadamente, esto no parece ser el sentimiento predominante en la administración judicial en este caso.

No solamente la administración judicial se ha sobre pagado a sí misma y a sus abogados, sino que ahora tienen la audacia de pedir una porción del dinero retenido en el 2009, cuando en ese entonces fue claro que sus honorarios estaban convirtiéndose en excesivos. La SEC y el Examinador determinaron entonces que, “el número de profesionales era excesivo y que los gastos incurridos por ciertos profesionales carecían totalmente de un soporte”. Casos Legales soportan el hecho que los honorarios de una administración judicial deben estar en correlación directa con la disponibilidad de activos. En casos similares,  (Specialty Products Co. v. Universal Industrial Corp., 21 F. Supp. 92, 94) el tribunal comentó, “Yo no pienso que se me requiere arreglar honorarios sin tomar en cuenta el hecho que esta administración judicial generó una siembra mínima, que todas las partes interesadas sufrieron altamente, y que todo el proceso no fue definitivamente un éxito”.  Está claro por las acciones de la administración judicial que ellos no tienen en mente los mejores intereses de las víctimas; simplemente están viendo esta oportunidad para llenarse los bolsillos.

Adicionalmente, la interpretación de los estatutos y la gran cantidad de chaos en su interpretación por jurisprudencias dispares en fraudes de valores similares, han oscurecido la verdad de la ley. Seria letal para las víctimas de Stanford ser victimizadas de nuevo. No más impunidad para las terceras partes que nos han estafado!

Es inaceptable que los Tribunales de los Estados Unidos para el perjuicio de las víctimas de Stanford, sigan permitiendo que la administración judicial, que fue nombrada para prevenir el malgasto y el despilfarro del patrimonio de los acreedores, continúe duplicando costos y esfuerzos entre sus profesionales, obstruyendo las posibilidades de una distribución prorrateada del patrimonio de la víctimas.

El polvo no se ha asentado todavía, y los abogados y profesionales de la administración judicial han recibido una excelente compensación durante los últimos cinco años y medio por el trabajo que han efectuado. Desafortunadamente, ellos no han demostrado verdaderos logros para ser dignos de recibir pagos adicionales de los montos que fueron retenidos. Ellos han recibido más dinero que las víctimas, muchos de ellos se han llenado los bolsillos con millones de dólares, y las víctimas apenas están recibiendo un centavo por dólar. Los Tribunales de los Estados Unidos deben considerar todos los hechos y negar esta solicitud.

Nosotros apreciamos altamente el valor de la justicia y la regla de la ley, y le pedimos al Tribunal su compromiso con estos valores para asegurar que la justicia se impartida a todos los depositantes inocentes que se sienten defraudados de nuevo.

Jaime R. Escalona

On behalf of COViSAL
Director
Coalición Víctimas de Stanford América Latina (COViSAL)
Twitter: @COViSAL