lunes, 1 de junio de 2015

Administración Judicial del SFG y la Liquidación del SIBL… ¿Esperanza, castigo, o fraude?

COViSAL
For Justice & Restitution
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La Administración Judicial del Stanford Financial Group y la Liquidación del SIBL… ¿Esperanza, castigo, o fraude?

Seis años y tres meses han pasado desde que la debacle de Stanford destruyó  las vidas de 21,739 familias alrededor del mundo, cuando el 17 de febrero, 2009, la Securities and Exchange Commission  (“SEC”) de los Estados Unidos, abruptamente intervino el Stanford Financial Group en los Estados Unidos.

Familias de América Latina son el grupo más afectado con 15,270, representando el 70% del total de depositantes del Stanford International Bank, Ltd. (“SIBL”), y con más de $4.000 millones de dólares en pérdidas. Depositantes de los Estados Unidos son el segundo grupo más grande. Estas familias confiaron sus ahorros a una empresa de un conglomerado estadounidense regulado y supervisado por el gobierno de los Estados Unidos.

La mayoría de los depositantes de Stanford son gente modesta; muchos son personas mayores, enfermas, por jubilarse o familias con niños que requieren cuidados especiales. Todos no pueden pagar por sus tratamientos médicos críticos o por sus gastos de manutención. Un gran número de depositantes continúa muriendo mientras esperan en vano por siquiera una pequeña porción de sus ahorros que les llegue a tiempo para operaciones que pudieran salvar sus vidas, para tratamiento de cáncer y otras enfermedades graves.

La realidad es que la injusticia continua para estas víctimas mientras el Síndico del Stanford Financial Group de los Estados Unidos y los Liquidadores Conjuntos del SIBL en Antigua, insaciablemente persisten en generar honorarios y gastos para sí mismos, sus abogados y otros profesionales, los únicos beneficiados hasta el momento, cobrando millones de dólares.

El Síndico de los Estados Unidos, Ralph Janvey, ha “recuperado” aproximadamente $240,9 millones de dólares al 31 de diciembre, 2013, y ha gastado más de $127,5 millones en honorarios y gastos. Los logros del Sr. Janvey en la recuperación de los activos para su distribución a los depositantes han sido deficientes. De acuerdo al Examinador John Little, “El Síndico y sus profesionales no han identificado ningún activo significativo de Stanford o cuentas que ya no hayan sido identificadas durante los primeros días de la administración judicial”. En contraste, Irving Picard, el Síndico encargado de desmontar el fraude de Bernard Madoff, ha recuperado más de $10.600 millones de dólares para las víctimas. Esto es un 60% de los $17 mil millones en capital perdido por miles de inversionistas en el negocio de asesoramiento de inversión de Madoff.

Les exigimos al Síndico de los Estados Unidos y al Comité Oficial de Inversionistas de Stanford que nos muestren el verdadero panorama de todas las demandas que han presentado en los tribunales. ¿Cuál es el monto potencial de recuperación de todas las demandas listadas en su reporte conjunto? ¿Qué demandas están avanzando y cuáles no? ¿Qué hay sobre las demandas internacionales y los montos de recuperación buscados? Si los mejores chances que las familias afectadas tienen de una recuperación significativa son las demandas contra las grandes corporaciones que se beneficiaron de Stanford, ¿por qué el Síndico, sus abogados y el Comité Oficial de Inversionistas están llegando a acuerdos extrajudiciales por centavos?

¿Quiénes son los verdaderos beneficiados del acuerdo entre el Síndico de los Estados Unidos y los Liquidadores Conjuntos? ¿Quiénes son los beneficiados de los recientes acuerdos extrajudiciales?

De acuerdo al comunicado de los Liquidadores Conjuntos publicado en el  sitio web  SIB Liquidation, ellos fueron nombrados el 12 de mayo, 2011, y su misión es “recuperar $7 mil millones de dólares en pérdidas generadas del presunto esquema Ponzi de R. Allen Stanford, y devolverles el dinero a aproximadamente 22.000 acreedores en el menor tiempo posible”. Sin embargo, parece ser que los únicos beneficiados son Mr. Wide, Mr. Dickson y sus colegas, quienes están recibiendo millones de dólares en honorarios y gastos, llenándose los bolsillos a una velocidad alarmante. El quinto reporte de los Liquidadores Conjuntos registrado ante el tribunal de Antigua, muestra que ellos han recibido hasta el momento $8,2 millones en honorarios y gastos; su abogado líder, $11,6 millones, otros asesores legales $14 millones, $5,6 millones en gastos operacionales, y $2,2 millones fueron prestados a filiales de Stanford. El año pasado los Liquidadores Conjuntos anunciaron la distribución de $34,6 millones, equivalentes al 1%, de los cuales distribuyeron $6,9 millones, y retuvieron $25 millones de familias inocentes acusadas de haber recibido pagos preferenciales.

No hemos visto ningún esfuerzo significativo de recuperación para las víctimas; los Liquidadores Conjuntos están usando el dinero confiscado en Inglaterra y Suiza para pagarse a sí mismos y a sus colegas, mientras obligan a las víctimas a pasar por un calvario para recibir una miseria. Sin embargo, sus recientes logros es tratar de reclamar fondos de víctimas inocentes que son “Perdedores Netos”, al enviar una carta devastadora pidiendo el regreso de dinero retirado de sus cuentas durante los últimos seis meses anteriores al colapso del SIBL. Es importante enfatizar que los retiros efectuados por la mayoría de estos depositantes, durante los previos seis meses el cierre de las operaciones del SIBL, no fueron “pagos preferenciales” como alegan los Liquidadores, pero retiros legítimos de parte del capital invertido por los dueños verdaderos del dinero, el cual depositaron y retiraron durante el horario normal de negocio del banco. La insistencia de los Liquidadores Conjuntos en perseguir estos reclamos en contra de depositantes inocentes desde un mínimo de $1.200 en retiros, no es justificado ni por la lógica ni por la ley.

¿Qué entidad legal honesta y transparente está supervisando los procesos de administración judicial y liquidación? ¿Dónde está el equilibrio de poderes?

Le exhortamos al Comité Oficial de Inversionistas de Stanford que representa los intereses de los inversionistas de Stanford de todo el mundo, que comunique nuestra protesta y preocupaciones expresadas en esta carta, a los tribunales y a otras autoridades responsables del caso Stanford. Ustedes tienen un deber fiduciario con las víctimas de Stanford, y sus decisiones y acciones deben ser llevadas a cabo en consideración de los mejores intereses de las víctimas. Es hora, que las víctimas de esta atrocidad sean tomadas en cuenta.

Es inaceptable que los Tribunales de los Estados Unidos y Antigua hayan permitido que el Síndico de los Estados Unidos y los Liquidadores Conjuntos, quienes fueron nombrados para conservar, mantener, administrar y prevenir el malgasto y despilfarro del patrimonio de los acreedores, y para retornar el dinero a las familias inocentes, continúen prolongando la recuperación de los activos por tanto tiempo,  y permitan míseros acuerdos extrajudiciales, generando interminables y exorbitantes horas facturables y gastos, para el perjuicio de los depositantes de Stanford.

Pedimos claridad, transparencia, integridad y equidad, y el fin a intereses económicos encontrados que irracionalmente buscan el control sobre los activos, malgastando lo que se recupera de nuestro patrimonio. El control del dinero no puede ser el motivo principal para traer justicia y equidad a miles de familias inocentes abandonadas en la pobreza y desesperación.

Le exigimos a los Tribunales de los Estados Unidos y de Antigua, que le demuestren al mundo, con acciones concretas e inmediatas, su compromiso con la honestidad, la igualdad y la justicia. Familias inocentes en los Estados Unidos, América Latina y alrededor del mundo, tienen el derecho a una restitución total de sus ahorros.

Confiamos en Dios que los derechos de las familias afectadas prevalecerán sobre las manipulaciones judiciales, y que la buena consciencia será el instrumento para impartir justicia y para darle fin a un interminable fraude.

Jaime Escalona

En nombre de COViSAL